Los gremios en la región Caribe pidieron al Gobierno nacional garantizar el pago de recursos y la ejecución oportuna de las obras del proyecto del Canal del Dique.

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Este martes se advirtió de un aplazamiento de los recursos por parte de la Nación destinados a la fase de preconstrucción de esta megaobra.

La situación alertó a varios sectores, según lo manifestaron, por las posibles afectaciones que provocaría a 1.5 millones de habitantes en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

De acuerdo con Héctor Carbonell, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura-Seccional Norte, este aplazamiento se aplicó “sin mutuo acuerdo entre las partes” y sin que exista incumplimientos por parte del concesionario Ecosistemas del Dique S.A.S.

Indicó que actualmente el Gobierno mantiene una deuda superior a los $492.381 millones, al tiempo que aseguró que la falta de recursos podría causar una parálisis de los trabajos antes del 30 de noviembre de 2025.

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“Podrían detenerse las actividades esenciales de la preconstrucción, como dragado de mantenimiento, protección de orillas, adecuaciones hidráulicas y acciones de restauración ambiental, además se incrementaría el riesgo de inundación, afectación de ecosistemas estratégicos y pérdida de control sobre la sedimentación en la bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen”, afirmó.

Por otra parte, sostuvo que esta situación podría acarrear una liquidación anticipada del contrato, lo que representaría altos costos para la Nación y un impacto negativo a las familias de los tres departamentos de la Costa.

“Esto también compromete el cronograma que proyectaba iniciar la fase de construcción en el primer semestre de 2026 (…) La protección del Canal del Dique es una prioridad regional y nacional que no admite demoras”, anotó Carbonell, quien pidió al Gobierno y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) celeridad de los pagos y continuidad del proyecto.

Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, expresó su preocupación por los presuntos incumplimientos del Gobierno nacional en los pagos al concesionario encargado de llevar a cabo el megaproyecto del Canal del Dique.

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Indicó que la falta de recursos podría llevar a la suspensión de las obras de dragado y afectar de manera directa la navegación fluvial por esta importante arteria del país.

“Pondría en riesgo de inundaciones a las poblaciones ribereñas y generaría un impacto negativo en la competitividad regional”, anotó.

Hizo un llamado urgente al Gobierno para que “se ponga al día” con los pagos pendientes y cumpla con el cronograma de vigencias futuras establecido en el contrato suscrito con el concesionario.

“Se debe garantizar la continuidad de este proyecto vital para el desarrollo sostenible de la región Caribe”, apuntó Cepeda.

El Consejo Gremial de Bolívar también se unió al llamado de urgencia para que el Gobierno nacional reactive los recursos para la ejecución del megaproyecto. 

"El aplazamiento de los recursos de 2025 para la APP Canal del Dique pone en riesgo el megaproyecto más importante de restauración ambiental y seguridad hídrica del Caribe colombiano. Su paralización afectaría 19 municipios, la Bahía de Cartagena, y miles de familias que dependen del equilibrio del canal y sus ecosistemas", dijo la entidad gremial.

Precisó que detener esta obra significaría "frenar la recuperación ambiental, la prevención de inundaciones y la competitividad portuaria y turística de toda la región".

"El Caribe necesita acción, no aplazamientos. La región no puede esperar más", subrayó.